El sector rural, que tradicionalmente constituye la mayor fuente de empleo en América Latina y el Caribe, padece los efectos de una pobreza generalizada. La falta de técnicas y conocimientos adecuados entre los productores rurales, así como la nececidad que éstos experimentan de captar beneficios económicos a corto plazo, promueven prácticas que causan erosión del suelo, desertificación y otros efectos perniciosos para el medio ambiente. La agricultura, tal como se practica actualmente en muchas partes del hemisferio, no es sostenible. En Santa cruz se encaró este problema como uno de los más graves de la región.
El Hemisferio Occidental tiene la mayor cobertura de bosques del planeta, que comprende especies boreales, de climas templados y de clima tropical. En ellos se encuentra la biodiversidad más rica del mundo, que se concentra principalmente en las regiones tropicales de las Américas. Ese rico acervo, sin embargo, se ve amenazado por una grave deforestación, principalmente en las regiones tropicales, y por la degradación forestal, que está teniendo lugar en muchas partes del hemisferio. En el Plan de Acción de Bolivia se previó una serie de actividades encaminadas a avanzar hacia un uso y manejo sostenibles de la diversidad biológica. Las iniciativas constituyen un programa regional encaminado a alcanzar los objetivos establecidos en la Convención sobre Diversidad Biológica firmada en Río de Janeiro. Los acuerdos de Bolivia se encaminaron también a reforzar las medidas adoptadas en la Segunda Conferencia de las Partes, celebrada en Buenos Aires a fines de 1996. El Plan de Acción comprende iniviativas sobre agricultura sostenible (7 a 16), silvicultura sostenible (17 a 22) y conservación de la diversidad biológica (23 a 31).
a. Agricultura sostenible
El siguiente ha sido el progreso alcanzado en la esfera de la agricultura sostenible:
Tres temas principales referentes al manejo de la tierra, a los que se hizo referencia en la Cumbre, fueron el uso de productos agroquímicos, la conservación del suelo y la desertificación, y la preservación de las prácticas tradicionales. Una de las metas fue un mejor manejo de los productos agroquímicos a nivel mundial, regional, nacional y local. A escala mundial está próximo a realizarse un acuerdo sobre un Instrumento Internacional sobre Sustancias Peligrosas y Plaguicidas en el Comercio Internacional. También están próximos acuerdos de agrupamientos subregionales -América del Norte, Centroamérica, el MERCOSUR y la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO)- en cuanto a productos químicos de uso agrícola. Uruguay, Costa Rica y Ecuador lograron avances notables en cuanto a la reducción de la intensidad del uso de productos químicos en la agrícultura, en tanto que otros países realizaron campañas contra plagas y enfermedades específicas que causan problemas. Para reducir la necesidad de productos químicos en la agricultura, los países del Caribe y América Central introdujeron mecanismos integrados de control de plagas y substitutos biológicos de plaguicidas, o establecieron sistemas de agricultura orgánica.
En los programas encaminados a la conservación y el restablecimiento del suelo y la reducción de la desertificación participan 20 gobiernos, que en muchos casos cooperan estrechamente con ONG. Catorce países participan en la Red de Cooperación Internacional sobre Zonas Áridas y Semiáridas. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú participan en el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de la Puna Americana. Esos programas tienen también consecuencias importantes en cuanto a reforma agraria y bienestar social. Otros países han establecido organismos especiales, tales como comisiones de lucha contra la sequía o comisiones nacionales para las tierras áridas. Argentina estableció un sistema nacional de diagnóstico de degradación del suelo y aplica varios proyectos de manejo de suelos y de la desertificación, para lograr un uso sostenible del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Venezuela ha establecido un programa de estabilización de las riberas fluviales, con plantaciones de bambúes.
Entre otras prácticas tradicionales que pueden suscitar repercusiones beneficiosas sobre la biodiversidad figuran la utilización de fertilizantes orgánicos, restos vegetales y tracción animal. Otras prácticas incluyen una agricultura sin arados, un control integrado de plagas y enfermedades, el cultivo de productos alimenticios nativos que favorezcan la conservación de la biodiversidad y la aplicación, por parte de pequeños productores, de métodos de manejo sostenible de especies de flora y fauna poseedoras de potencial comercial.
Conforme al llamamiento de la Cumbre a reforzar la labor dirigida a la conservación de los recursos genéticos y realizar investigaciones adecuadas en apoyo a enfoques ``de sistema completo'' (es decir, ecosistemas, o sistemas para la totalidad del establecimiento o cuenca), México estableció un programa de Diversificación Productiva y Vida Silvestre en el Sector Rural, que ofrece nuevas oportunidades de desarrollo económico mediante una diversificación de la producción de cultivos y animales basada en la conservación del germoplasma. En el programa se utilizan la flora y la fauna silvestres para la industria nacional de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Venezuela están fomentando la investigación de los recursos genéticos nacionales. En la región anglófona del Caribe se está trabajando en el mejoramiento genético de la uva de mesa, los cítricos y la palma nativa. En los niveles hemisférico y subregional, el IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y otros organismos internacionales respaldan investigaciones sobre recursos genéticos de plantas y animales nativos.
Se han adoptado medidas importantes para conectar la investigación agraria en forma más estrecha con la conservación de los ecosistemas. Canadá investiga nuevas variedades de cultivos y árboles que promuevan la biodiversidad y además aporten beneficios tales como la resistencia frente a las enfermedades, un uso más eficiente de elementos nutritivos y el secuestro del CO2. Conforme a la pauta de elaborar enfoques ``de sistema completo'', se realiza una investigación cada vez más intensa sobre el cronograma y los métodos de plantación, fertilización, rotación, abonos verdes y correctivos orgánicos en cultivos, pasturas y árboles. Se han establecido bancos de semillas y especies forestales, como fuentes de semillas de calidad para preservar las masas forestales. Se estableció una red hemisférica de investigación sobre producción de cocos, en que participan 12 países.
Uno de los enfoques para la expansión de las exportaciones agrícolas consiste en dar respaldo a la producción por cultivos y por regiones. Se concede apoyo para la comercialización de productos andinos y para incrementar el área plantada con ellos; para el incremento de las exportaciones agrícolas del Caribe; para el mejoramiento de la producción y la productividad de los cultivos tradicionales, y para el aprovechamiento de ventajas comparativas, así como para productos individuales, como frutas, pimientos, tuberosas, algodón sea-isle y pequeños rumiantes.
Se están aplicando mejores tecnologías y servicios, tales como sistemas de información, períodos de cuarentena para plantas y animales, técnicas que garantizan la utilización sostenible de los recursos agrícolas y mejoras anteriores y posteriores a la cosecha, para mejorar cualitativamente los productos entregados. América Central, con el apoyo técnico del IICA, ha establecido centros de intercambio agrícola con sistemas de información electrónica que aproximan al productor rural los servicios de capacitación, extensión y respaldo para la comercialización. Las nuevas tecnologías ponen de manifiesto la conciencia lograda en materia ambiental: Argentina ha promovido cultivos que suscitan beneficios ambientales y en la región del Caribe se ha dado respaldo a procesos agroindustriales más ``limpios''.
En varios países se ha ayudado a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas promoviendo mercados extranjeros para sus cultivos, creando mecanismos de exportación, protegiéndoles de la competencia desleal, llevando a cabo la reforma agraria y estableciendo incentivos y subsidios para fomentar la exportación. El IICA, la FAO, Estados Unidos, China, Alemania y la Unión Europea han dado respaldo a esos esfuerzos.
Un enfoque innovador para el incremento de las exportaciones agropecuarias fue el desarrollo del ecoturismo en granjas y ranchos individuales. Paraguay está a la vanguardia a ese respecto.
Frente a la necesidad de superar la pobreza en el sector agropecuario, varios países han incrementado el respaldo crediticio y técnico para los pequeños productores rurales, han mejorado el acceso de los campesinos a los factores de producción y a los ``paquetes'' de tecnología y han promovido la agricultura orgánica. En algunos se han creado centros agrícolas que muestran a los pequeños productores rurales cómo incrementar los beneficios a largo plazo mediante la incorporación de técnicas de protección ambiental en sus sistemas de producción. Varios gobiernos han ayudado a sus productores rurales en materia de cría de peces y producción de cultivos forestales. Otros han dedicado hasta el 1% de su PNB a investigaciones agrícolas. Un nuevo concepto denominado ``cadenas de actividad'' ha ayudado a los pequeños productores rurales a coordinar las actividades en el proceso agrícola, desde la adquisición de insumos, pasando por la preparación de la tierra, la producción y el transporte, hasta la comercialización de cultivos seleccionados.
Los gobiernos de la región ofrecen numerosas reuniones y programas de capacitación para la población indígena, los campesinos y los pequeños empresarios, sobre temas tales como ``Uso de Herramientas Necesarias para Operar Empresas Rurales'' e ``Incremento de los Ingresos y la Competitividad''. Se procura descentralizar y privatizar las actividades de capacitación. Esta última suele centrarse en el manejo de las empresas para mujeres rurales y empresarios jóvenes. En el marco de actividades de alcance general se utilizan granjas integradas para la capacitación de pequeños operadores. Se hace hincapié en la transferencia de tecnología, a fin de incrementar la productividad y la competitividad. Canadá ha respaldado programas de intercambio de productores rurales provenientes de América Latina y el Caribe. En 1997 se convocaron 24 reuniones y conferencias internacionales sobre temas vinculados con las iniciativas de Santa Cruz en materia agraria.
En varios países se reforzaron las comunidades locales y las organizaciones rurales de modo de promover la conservación y la agricultura sostenible. Bolivia estableció programas sobre igualdad de oportunidades para mujeres y sobre desarrollo de comunidades rurales, que ayudan a la mujer a asumir un papel más activo en la toma de decisiones. Para incrementar la asistencia financiera y técnica a nivel familiar, Argentina promueve la consolidación de asociaciones de productores. El Programa de Vivienda Rural de Colombia respalda a las familias de bajos ingresos de las comunidades rurales. Paraguay ofrece a los dirigentes locales capacitación en materia de manejo del suelo. Perú ayuda a los pequeños productores con fertilizantes y semillas certificadas para los principales cultivos. Uruguay proporciona respaldo para el control integrado de plagas y la diversificación de los cultivos. En los países anglófonos del Caribe se ofrece una gama similar de mecanismos de respaldo para pequeños productores.
La principal característica de la reforma agraria es la distribución de la tierra con certeza del título, pero diversos programas nacionales de ese género ofrecen muchas otras características, como el reconocimiento de los derechos de la población indígena, la modernización de la producción, la ayuda financiera, la realización de catastros rurales y la inscripción de los inmuebles rurales en el registro público. Muchos países han reforzado sus sistemas de derecho agrario, en algunos casos sancionando leyes de titulación o referentes a empresas agrarias, así como disposiciones en favor de la mujer en materia de derechos sobre la tierra.
En algunos países se han mejorado la eficiencia y calidad de los proyectos en sus programas de reforma agraria descentralizándolos. Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, la República Dominicana y Santa Lucía incorporaron la reforma agraria en programas amplias de desarrollo regional o rural, alivio de la pobreza o reforma agroindustrial, como la sustitución del azúcar por otros cultivos.
b. Silvicultura sostenible
Los hechos siguientes indican el avance logrado en esta materia:
Conforme con la recomendación de la Cumbre de Bolivia, los gobiernos de la región participaron activamente en las deliberaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Bosques (IPF), copresidido por un país del hemisferio (Colombia), y en las actividades organizadas entre sus reuniones sucesivas. Las partes no lograron establecer una posición común sobre el polémico tema de una convención sobre los bosques.
Las diversas actividades organizadas entre las reuniones comprendieron el Examen de Organizaciones Internacionales, Instrumentos e Instituciones, patrocinado por Suiza y Perú; el Taller Internacional sobre la Aplicación Integrada de las Prácticas para el Ordenamiento Sostenible de los Bosques, patrocinado por México, Canadá y Japón, y el Foro Global de las Poblaciones Originarias y Otros Pueblos Dependientes de los Bosques sobre la Conservación y la Ordenación Sostenible de los Bosques, organizado por la Alianza de Pueblos Originarios de los Bosques del Trópico, en colaboración con el Consejo Indígena de la Cuenca del Amazonas, con el patrocinio de los gobiernos de Colombia y Dinamarca.
Después de la Conferencia de Río, todos los países de la región reforzaron sus programas de silvicultura. Esta labor cobró impulso como resultado de recomendaciones sobre el tema efectuadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Bosques. En algunos países se formularon programas nacionales y se elaboraron actividades conexas basadas en acuerdos de cofinanciamiento en que participaron el Banco Mundial y el BID. También se usaron recursos obtenidos en condiciones favorables, procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales de asistencia para el desarrollo. Esas actividades comprendieron un programa piloto referente a la Amazonia brasileña, financiado a través de un fondo especial establecido por el G-7. La FAO también cumplió un papel importante en apoyo a esos esfuerzos; organizó diversos seminarios en que participaron expertos subregionales o nacionales en Brasil, Ecuador y el Caribe, en el marco del Foro Regional sobre Programas Nacionales de Silvicultura para América Latina y el Caribe.
También se logró cierto progreso en cuanto a la participación de la ciudadanía en actividades vinculadas con el manejo sostenible de los bosques. En varios países se adoptaron nuevas políticas y leyes, y se han tomado medidas de protección de la diversidad cultural de las comunidades indígenas y sus conocimientos y aptitudes especializados tradicionales. El Consejo Centroamericano sobre Bosques y Zonas Protegidas ha introducido diversos mecanismos encaminados a hacer que todos los interesados participen en la toma de decisiones que afecten a los bosques. También se han identificado numerosos proyectos participatorios para el manejo sostenible de los bosques. Los mismos son promovidos por gobiernos nacionales, organismos internacionales -como el Programa de la FAO sobre Bosques y Comunidades Locales- y organismos no gubernamentales. Algunos países han otorgado a comunidades indígenas derechos de propiedad sobre la tierra habitada tradicionalmente por sus ancestros, o han adoptado medidas encaminadas a organizar la apertura de fronteras agrícolas y la aclaración de títulos de propiedad sobre nuevas parcelas de tierras. Conforme a ambos planes, se han diseñado estrategias destinadas a crear condiciones que favorezcan el manejo sostenible de zonas boscosas por parte de propietarios rurales. El supuesto básico es que la tenencia de la tierra y los derechos a su uso cumplen un papel decisivo en el manejo sostenible de las zonas boscosas, y que el proceso de regulación y legalización de esos derechos debe ser acompañado por asistencia técnica y programas de crédito. Además, si bien las zonas protegidas han aumentado en número y extensión, aumenta también el reconocimiento del hecho de que, para manejarlas adecuadamente, las comunidades que viven en ellas o en las zonas vecinas deben participar en esa labor de administración. A esos efectos se han preparado diversos planes participatorios.
En la región se han elaborado varios programas de cooperación bilateral y multilateral sobre manejo sostenible de los bosques. El Programa Internacional de Bosques Modelo, cuyo fortalecimiento fue recomendado por la Cumbre de Santa Cruz, está destinado a promover el intercambio de experiencias locales, el saber técnico y la tecnología, para lograr un desarrollo sostenible. Representantes de Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y diversas regiones del país anfitrión asistieron al Primer Foro de la Red Internacional de Bosques Modelo, celebrada en México en 1997.
En América Central y en la cuenca del Amazonas se están elaborando numerosos programas de cooperación bajo los auspicios de la Comisión Centroamericana sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Tratado de Cooperación Amazónica, respectivamente.
Algunos países de la región participan activamente en programas internacionales de definición y aplicación de criterios e indicadores para el manejo sostenible de los bosques. En enero de 1997 comenzó el proceso de definición de criterios e indicadores para los siete países que pertenecen a la Comisión Centroamericana sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
A mediados de 1997 se celebró la novena reunión de la Iniciativa de Montreal. Cuarenta y cinco países, incluidos los seis de las Américas que forman parte de ese proceso -Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay- asistieron a la reunión.
La Iniciativa de Tarapoto, en que participan los ocho países que son partes del Tratado de Cooperación Amazónica, recomendó a los gobiernos de los países miembros la adopción de una Propuesta sobre Criterios e Indicadores para la Sostenibilidad del Bosque Amazónico. La Propuesta de Tarapoto comprende un enfoque general y multidisciplinario que podría promover considerablemente los esfuerzos nacionales y regionales de creación de un instrumento adecuado para la planificación del desarrollo sostenible de los bosques.
c. Conservación de la biodiversidad
Pueden destacarse los siguientes logros en este ámbito clave:
Aun antes de que se firmara en Río de Janeiro la Convención sobre Diversidad Biológica otros acuerdos cumplieron un papel importante en la promoción de la labor realizada a este respecto en el hemisferio; por ejemplo: la Convención Internacional sobre el Comercio de las Especies en Extinción (CITES); el Convenio sobre Humedades de Importancia Internacional (RAMSAR); la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural; la Convención sobre Derecho del Mar; el Tratado Internacional de Comercio de Maderas Tropicales (ITTA); el Programa del PNUMA para los Mares Regionales; el Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera, y el Tratado Amazónico. Más recientemente, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible puso en marcha también varias iniciativas encaminadas a la preservación de la biodiversidad.
La ejecución de la Convención sobre Diversidad Biológica no ha sido satisfactoria, aunque se ha avanzado en algunos campos específicos. El Programa UNGASS de las Naciones Unidas para la aplicación de la Agenda 21 subrayó el hecho de que ``existe una urgente necesidad de garantizar la preservación y el desarrollo sostenible de la diversidad biológica y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los componentes de los recursos genéticos''. El Programa UNGASS destacó ciertos peligros específicos, como la destrucción del habitat, la excesiva explotación del medio ambiente marítimo y terrestre, la contaminación y la introducción inapropiada de plantas y animales exóticos. También fueron objeto de acuerdos celebrados en Santa Cruz diversos mecanismos destinados a evitar esos peligros.
Se están realizando negociaciones para aprobar un Protocolo sobre Bioseguridad referente a la movilización transfronteriza de organismos vivientes que hayan sido modificados mediante la utilización de la moderna biotecnología y que puedan afectar desfavorablemente a la preservación y el uso sostenible de la biodiversidad, e inclusive a la salud humana. Al mismo tiempo se está avanzando en las negociaciones destinadas a armonizar la Iniciativa Internacional sobre Recursos Vegetales Genéticos con la Convención sobre Diversidad Biológica. A fin de proteger los recursos genéticos de las plantas a nivel nacional, regional y mundial, ese análisis comprende los temas del acceso a los recursos genéticos y los derechos de los productores rurales. Están participando activamente en ambas negociaciones países de América Latina y el Caribe.
Muchos países del hemisferio han adoptado estrategias nacionales de biodiversidad, fortaleciendo su capacidad de investigación y desarrollo en el ámbito de los recursos biológicos e introduciendo normas legales sobre el acceso a los recursos genéticos. Los países andinos han sancionado leyes regionales y están elaborando normas legales nacionales. Argentina, Brasil, Costa Rica y México también se proponen introducir o modificar la legislación referente a este tema.
A principios de 1997 el PNUMA comenzó a analizar la legislación existente en la región, como componente esencial para un intercambio de información que sirva de base de un desarrollo ulterior del cuerpo de normas referentes a la materia, a fin de que puedan aplicarse las numerosas y complejas disposiciones de la Convención. También se están realizando diversos estudios encaminados a aumentar el valor económico de la biodiversidad, así como un proyecto de investigación sobre la demanda industrial de recursos genéticos y un análisis del mercado europeo.
Conforme con la Convención sobre Diversidad Biológica, se han definido, o están siendo preparadas, estrategias específicas de nivel mundial o regional encaminadas a incrementar el conocimiento científico de la biodiversidad de los bosques, la agricultura y las zonas marítimas y costeras. La Conferencia de las Partes respaldó la Iniciativa Global sobre Taxonomía, y se prevé que la venidera conferencia adopte las medidas necesarias para llevarlas a la práctica. Además, en la tercera reunión del grupo científico de la Conferencia de las Partes, se recomendó la adopción de una serie preliminar de indicadores de la biodiversidad. Se trata de un campo en que están trabajando varios países del hemisferio.
Un importante logro en las Américas en las últimas décadas ha sido la creación de sistemas de zonas protegidas, que refleja una estrategia clave para la preservación a largo plazo de la biodiversidad. Su importancia se refleja en el hecho de que la diversidad de los ecosistemas sólo puede garantizarse in situ. Otro hecho, más reciente, ha sido la identificación y el establecimiento de zonas protegidas transfronterizas. Reconociendo la importancia de la red de zonas protegidas, la Convención sobre Diversidad Biológica indicó su intención de que ese sea uno de los ámbitos principales de financiamiento para proyectos a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Se mencionan los siguientes proyectos entre los que serán financiados en la región: el sistema regional mesoamericano de zonas protegidas, zonas de amortiguación y corredores biológicos; el establecimiento de un sistema mundial representativo de zonas marítimas protegidas; actividades encaminadas a lograr una región amazónica sostenible; estrategias regionales de preservación y uso sostenible de los recursos naturales en el Amazonas, y proyectos nacionales de respaldo del establecimiento y el desarrollo de sistemas de zonas protegidas, como el Fondo para la Biodiversidad, de Brasil, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en las zonas de La Amistad y La Osa, en Costa Rica, y los programas de zonas protegidas de México y Guyana.
Además de proyectos para zonas protegidas, el FMAM ha financiado también diversos proyectos nacionales para la protección de la biodiversidad como, por ejemplo, los referentes a la consolidación y aplicación del programa de manejo de la zona costera de la Patagonia, para preservar su biodiversidad; la protección y el uso sostenible de la diversidad biológica en la zona biogeográfica del Chocó, en Colombia; la preservación de la biodiversidad en la cuenca del Lago Titicaca; el proyecto integrado para la protección de la biodiversidad en la región de Sartsún-Montagua, de Guatemala. Finalmente, el Banco Mundial y el BID han cofinanciado en América Latina y el Caribe diversos proyectos vinculados con la preservación de la biodiversidad.
El Primer Congreso Latinoamericano sobre Parques Naciones y Otras Zonas Protegidas, que tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, en 1997, subrayó la importancia de las iniciativas acordadas en la Cumbre de Bolivia y la estrecha relación entre preservación de la biodiversidad y manejo de parques nacionales. Destacó también el papel que debe cumplir la OEA como foro para avanzar en la aplicación de las diversas recomendaciones emanadas del Congreso, especialmente las vinculadas con la biodiversidad.
Se han identificado como metas prioritarias para las Américas la protección y el uso eficaces del saber técnico tradicional, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y otras comunidades locales y la distribución equitativa de los beneficios consiguientes, según lo acordado en la Convención sobre Diversidad Biológica. Este tema fue analizado ampliamente en el Taller Mundial sobre Pueblos Indígenas y Bosques, que tuvo lugar en Leticia, Colombia, en diciembre de 1996. Se ha analizado ese objetivo en diversos foros y seminarios patrocinados, en su mayor parte, por organizaciones no gubernamentales locales. Además, en noviembre último se celebró en Madrid un Taller sobre Conocimientos Técnicos Tradicionales y Biodiversidad. No obstante, cinco años después de la celebración de la Convención, es escaso el progreso logrado en esta materia, que reviste especial importancia para las Américas, un habitat en que existe una gran diversidad de pueblos indígenas.
En septiembre de 1998 se pondrá en marcha la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad (IABIN), en una conferencia internacional de la que será anfitrión el Gobierno de Brasil. Para respaldar la cooperación multilateral a los efectos del desarrollo de esta iniciativa, la OEA convocó una Reunión de Expertos en octubre de 1997, y una segunda reunión a principios de 1998. De ese modo se ha logrado establecer un entendimiento y una aceptación comunes en torno a IABIN y se ayuda a Brasil a preparar la reunión de 1998. En la primera reunión, expertos de siete países efectuaron algunas recomendaciones a la OEA, una de las cuales determinó un llamamiento a todos los países miembros de la Organización para el establecimiento de puntos focales. La segunda reunión se amplió de modo de incluir a otros países y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la esfera de la biodiversidad de América Latina y el Caribe. También se consideró la manera de establecer una mejor coordinación en el mecanismo de intercambio de información de la Convención sobre Diversidad Biológica. En ese período de aplicación no menos de ocho países han comprometido recursos y capital intelectual a IABIN, como parte de este proceso de organización.
d. Obstáculos
En el campo de la agricultura sostenible, como en el ámbito más amplio del desarrollo sostenible, un problema de gran envergadura es el de la insuficiencia del financiamiento interno e internacional, de los recursos humanos y de la infraestructura para la investigación y la transferencia de tecnologías. El proceso de reforma de la legislación para racionalizar el uso de los productos agroquímicos se realiza en forma lenta. La práctica de exportar a los países en desarrollo productos químicos prohibidos en los países desarrollados dificulta aún más esa labor. No existe suficiente coordinación entre los gobiernos y las empresas para encontrar alternativas adecuadas para los plaguicidas inconvenientes. El progreso en esta materia se ve dificultado por escasez de recursos que permitan hacer frente a los problemas vinculados con la conservación del suelo, la desertificación y las prácticas tradicionales, a lo que se agregan fallas de los sistemas nacionales de información y escasa atención a los indicadores en los ámbitos en que los procesos de transformación conducen a la desertificación.
Deben superarse graves fallas del marco institucional y de políticas para reforzar las medidas referentes a los recursos genéticos a los efectos de valorar el rico acervo de que dispone la región de las Américas. La exportación de productos agropecuarios de América Latina y el Caribe sigue tropezando con importantes obstáculos. La liberalización del comercio es aún un proceso inconcluso. Es difícil encontrar tecnologías que a la vez incrementen las ganancias y protejan el medio ambiente, lo que hace de la erradicación de la pobreza una meta aún más elusiva. En algunos casos, la ambigüedad de las disposiciones legales ha suscitado efectos negativos sobre los programas de reforma agraria.
Los principales obstáculos que impiden poner límites a la deforestación y la degradación de los bosques guardan relación con la falta de una firme identificación, al nivel político pertinente, con la meta de combatir sus causas nacionales e internacionales básicas. Se llegará a una determinación en la esfera política si las comunidades logran participar en los procesos de adopción de decisiones que afectan al medio ambiente, enfoque que ha ido ganando considerable terreno en las Américas.
Diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo en cuanto a la interpretación de determinados acuerdos contenidos en la Convención sobre Diversidad Biológica han dificultado su aplicación. El hecho de que Estados Unidos, que es el principal usuario de la biodiversidad en el mundo, no haya ratificado la Convención, reduce la posibilidad de que la misma logre alcanzar su objetivo principal. Además, el financiamiento internacional está lejos de ser suficiente para alcanzar todos los objetivos y compromisos previstos en la Convención. El FMAM y los países donantes individuales han otorgado recursos a título gratuito a países en desarrollo para aplicar proyectos que suponen la protección y el uso sostenible de la biodiversidad, pero el financiamiento internacional está lejos de ser adecuado para alcanzar todos los objetivos y compromisos previstos en la Convención. Es muy poco lo que se hace para combatir las causas nacionales e internacionales básicas de la disminución de la biodiversidad, y éste se ha convertido en uno de los obstáculos más formidables para poner freno a ese deterioro.
e. Recomendaciones
Al adoptar el código de la FAO sobre plaguicidas a nivel nacional y regional se mejoraría, previsiblemente, el manejo de los productos agroquímicos y se reducirían sus efectos nocivos para el medio ambiente. Con el respaldo del IICA, los gobiernos deberían intensificar la labor que realizan para promover prácticas integradas de control de plagas y otros programas de capacitación de agricultores, asociaciones de productores y sindicatos en cuanto al uso seguro de los plaguicidas. Para incrementar las necesarias investigaciones sobre productos agroquímicos y salud vegetal y animal, debe promoverse la asociación de esfuerzos entre el Estado y las entidades privadas.
Si bien las entidades nacionales encargadas de la capacitación, la transferencia de tecnología y la extensión deben atender mejor las necesidades de los productores y tener más en cuenta los indicadores del mercado, también debe promoverse una mayor participación del sector privado en actividades de extensión y asistencia técnica. Deben adoptarse medidas que permitan a las comunidades locales participar en mayor medida en las decisiones de conservación de recursos, incluido el diseño de mecanismos de control de la desertificación y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible.
Podría estudiarse la posibilidad de reformar la legislación existente para lograr una mayor apertura del mercado de tierras agrícolas. A este respecto, deberían adoptarse medidas que aclaren los derechos de propiedad sobre las pequeñas parcelas.
Dada la importancia que reviste la exportación de productos del agro para muchos países de las Américas, así como los rápidos cambios que sufre el comercio mundial, el sector agropecuario debe participar en mayor medida en negociaciones comerciales multinacionales y estar mejor dotado de aptitudes de negociación.
Debe procurarse que los países apliquen las recomendaciones de medidas de IPF. Para lograr este objetivo debe reforzarse la Comisión Regional de Silvicultura para América Latina y el Caribe coordinada por la FAO. Todos los países de América deben participar activamente en el Foro Intergubernamental sobre Bosques, que será copresidido por Colombia y Perú. Debe estudiarse la posibilidad de organizar un diálogo continental a los efectos de intercambiar de información sobre puntos clave del temario e identificar aquellos en que puede lograrse una posición común. Como se espera que el Foro Intergubernamental sobre Bosques formule sus recomendaciones en la octava reunión del Comité Interamericano sobre Desarrollo Sostenible, es conveniente que se incluya en el temario del Foro de las Américas sobre Desarrollo Sostenible de 1999 un punto referente a los bosques, como estrategia de preparación del Foro Intergubernamental, y que se identifiquen mecanismos de aplicación de las iniciativas aprobadas en Bolivia en el contexto de acuerdos mundiales.
Debe solicitarse a la OEA que coordine actividades regionales que promuevan el proceso de intercambio de experiencia e información sobre la identificación y creación de zonas protegidas transfronterizas en el Hemisferio. La OEA debería también examinar la posibilidad de incluir en la Estrategia Interamericana sobre Participación Pública un proyecto piloto sobre manejo sostenible de los bosques, que vincularía los acuerdos celebrados en el contexto de la Convención sobre Diversidad Biológica con los adoptados por el Foro Intergubernamental sobre Bosques.
También podría solicitarse a la OEA que adoptara las medidas necesarias para poner en marcha las conversaciones sobre la biodiversidad a nivel interamericano que se especifican en la iniciativa 29. Esto constituiría una actividad de respaldo de la iniciativa 31 y de la creación de IABIN. El FMAM debería proporcionar respaldo a IABIN, lo que constituye una prioridad para el Hemisferio. Además deberían reforzarse las actividades que realiza el BID para explorar nuevas alternativas de financiamiento de la protección y el uso sostenible de la biodiversidad.
Secretaría de Medio Ambiente