47. Presionar a los gobiernos locales, regionales y nacionales para que establezcan mecanismos legales, financieros y de control que garanticen:
a) la reducción de la producción de residuos peligrosos, haciendo que la industria introduzca tecnologías preventivas y sustitutivas a las que generan ese tipo de residuos, ya sea como residuos industriales o como productos de consumo;
b) la publicación periódica y el control riguroso de las rutas de transporte de sustancias químicas peligrosas, hacia y desde los sitios de su producción. En el caso de transporte regular a través de regiones habitadas, debe haber una evaluación previa sobre el riesgo publico en la cual la población potencialmente afectada aprobaría o rechazaría el uso de esas rutas,
c) la prohibición de la importación de tecnología productora de residuos peligrosos rechazada en los países de origen, y la denuncia sistemática de la practica de condicionar los prestamos financieros a la aceptación de tales tecnologías.
48. Formar un grupo de presión para la aplicación de un impuesto al uso de productos químicos y sus emisiones por la industria, como de incentivo al uso abusivo de productos químicos. Los fondos generados por dicho impuesto serán destinados: a las comunidades, las que podrán contratar sus propios técnicos y científicos para emprender estudios y evaluaciones ambientales; a permitir a los ciudadanos la inspección y permanente supervisión de las instalaciones industriales; a la información computarizada de las sustancias químicas utilizadas y almacenadas por las empresas y de su eliminación final. Esta información estará a disposición de todos los ciudadanos en forma gratuita.
49. Reclamar la inmediata revisión de los programas y la legislación relativa al uso y comercialización de los productos agroquímicos y prohibir la exportación y trafico de los agroquímicos que han sido prohibidos en su país de origen.
Secretaría de Medio Ambiente