10. Las zonas áridas y semiáridas son complejos ecosistemas con suficiente potencial natural como para suministrar una buena calidad de vida a sus poblaciones, siempre y cuando el modelo de desarrollo adoptado sea socialmente justo, ecológicamente sustentable, culturalmente apropiado y fundado en una visión holística de la ciencia y la naturaleza.
11. El desarrollo de estas zonas, planificado y ejecutado considerando su potencial y características propios, debe estar íntimamente relacionado con el desarrollo de otras zonas de la Tierra, afirmando el principio de solidaridad entre poblaciones de regiones ecológicamente diferentes.
12. Los gobiernos de los distintos países deben ejercer la cooperación y solidaridad a efectos de sobreponerse a los problemas de estas zonas.
13. La eficaz participación de las ONG, los movimientos sociales y las poblaciones directamente interesados es indispensable en todas las etapas del desarrollo sustentable, a saber, el diagnostico de los problemas y de los potenciales, la definición de los métodos y objetivos, la aprobación, instrumentación y seguimiento de proyectos y programas, y la evaluación de los impactos socioeconómicos, culturales y ambientales.
14. La calidad de vida de los seres humanos y la preservación, conservación y restablecimiento del medio ambiente de estas zonas debe primar sobre los intereses económicos de las empresas comerciales y los grupos económicos y políticos dominantes. Las sequías, el hambre, la desertificación y otros problemas de estas zonas no deberían ser utilizados como instrumentos de chantaje internacional para perpetuar el poder político y económico de pequeños grupos elitistas.
15. Para respaldar el desarrollo sustentable, la incorporación económica de las zonas aridas y semiaridas debería:
a) buscar la autosuficiencia alimentaria a nivel regional;
b) dar prioridad al intercambio de productos locales entre las regiones con excedentes de producción y las que tienen déficit;
c) evitar la fuga de recursos a niveles que continuarían reproduciendo las mismas condiciones sociales, económicas y ambientales.
16. En estas zonas el costo social y ambiental debe ser analizado con seriedad en la evaluación de los procedimientos para los proyectos de desarrollo, especialmente las grandes obras de irrigación y represas.
17. Es necesaria una redefinición general de los indicadores económicos a efectos de reorientar la economía política de estas zonas hacia una producción de alimentos destinada a satisfacer las necesidades de las poblaciones empobrecidas.
Secretaría de Medio Ambiente