8.23.- La secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por año (1993-2000) de la realización de las actividades de este programa ascenderá a unos 6 millones de dólares, que la comunidad internacional suministrara a título de donación o en condiciones de favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y no han sido objeto de examen por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones financieras, incluidas las no concesionaria, depender, entre otras cosas, de las estrategias y los programas específicos que los gobiernos decidan ejecutar.
8.24.- El programa se basa fundamentalmente en la continuación de los trabajos en curso de reunión, traducción y evaluación de datos jurídicos. Cabe esperar que la intensificación de la cooperación entre las bases de datos existentes se traduzca en una división más adecuada del trabajo (por ejemplo, mediante la agrupación por zonas geográficas de los datos de los boletines oficiales y otras fuentes de referencia) y en una mayor normalización y compatibilidad de los datos, según proceda.
8.25.- Se espera que la participación en la red de capacitación redunde en beneficio de los profesionales de países en desarrollo y que mejore las oportunidades de capacitación de la mujer. Hay una gran demanda de ese tipo de capacitación de posgrado y en el empleo. Los seminarios, cursos prácticos y conferencias sobre el examen y las medidas de aplicación que se han celebrado hasta la fecha han sido muy satisfactorios y bien concurridos. La finalidad de esas actividades es desarrollar recursos (tanto humanos como institucionales) con el objeto de formular y ejecutar programas eficaces para el examen y la aplicación constante de leyes, reglamentos y normas nacionales y locales relacionados con el desarrollo sostenible.
8.26.- Una parte importante del programa deberá apuntar a mejorar la capacidad jurídica e institucional de los países para hacer frente a los problemas internos que plantea la reglamentación del medio ambiente y el desarrollo sostenible y la promulgación y aplicación de disposiciones en esa esfera. Se podrían designar centros regionales de recursos a los que se prestaría apoyo para que establecieran bases de datos especializados y servicios de capacitación para diversos grupos lingüisticos o culturales de los distintos ordenamientos jurídicos.
Secretaría de Medio Ambiente