7.22.- La Secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por año (1993-2000) de la realización de las actividades de este programa ascenderá a unos 100.000 millones de dólares, incluidos alrededor de 15.000 millones de dólares que la comunidad internacional suministrara a título de donación o en condiciones de favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y no han sido objeto de examen por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones financieras, incluidas las no concesionaria, dependerán, entre otras cosas, de las estrategias y los programas específicos que los gobiernos decidan ejecutar.
7.23.- Los países en desarrollo deberían, con la asistencia internacional apropiada, examinar la posibilidad de concentrarse en la capacitación y formación de un núcleo de administradores y y técnicos urbanos y otras partes comprometidas que pudieran administrar con éxito el desarrollo y el crecimiento urbano ecológicamente racionales y que tuvieran los conocimientos técnicos necesarios para analizar y adaptar la experiencia innovadora de otras ciudades. A tal fin, se debería utilizar toda la gama de métodos de formación, desde la enseñanza escolar hasta la utilización de los medios de difusión, así como la opción del aprendizaje práctico.
7.24.- Además, los países en desarrollo deberían promover la capacitación y las investigaciones tecnológicas mediante los esfuerzos conjuntos de donantes, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas en esferas como las de reducción de desechos, calidad del agua, ahorro de energía, producción sin riesgo de productos químicos y transporte menos contaminante.
7.25.- Las actividades de creación de capacidad desarrolladas por todos los países, con asistencia, como se sugiere en los párrafos precedentes, deberían incluir no solo la capacitación de personas y grupos funcionales sino también arreglos institucionales, prácticas administrativas, vínculos interinstitucionales, corrientes de información y procesos de consulta.
7.26.- Además, las actividades internacionales como el Programa de Administración Urbana deberían, en cooperación con organismos multilateral y bilaterales, seguir ayudando a los países en desarrollo en sus esfuerzos por crear una estructura de participación mediante la movilización de los recursos humanos del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los pobres, en especial las mujeres y las personas en situación de desventaja.