El avance modesto que se ha logrado en la acción iniciada como resultado directo de la Cumbre puede atribuirse a las limitaciones de las propias iniciativas, algunas de las cuales se remontan al proceso de preparación de la reunión.
Durante las negociaciones hubo grandes diferencias de opinión con respecto al alcance del Plan de Acción y la responsabilidad que deberían asumir los distintos países de la región durante su ejecución, lo cual dio lugar a niveles de apoyo muy dispares de las iniciativas. Por otra parte, si bien muchas de las iniciativas fueron resultado de procesos cuidadosos de preparación técnica que incluyeron consultas políticas desde una etapa temprana, hubo otras que se incorporaron al final de las negociaciones anteriores a la Cumbre. No se prepararon estudios de antecedentes en temas como el de ciudades sostenibles, por ejemplo, ni se enunciaron con claridad líneas de acción concretas y métodos de ejecución. Se tuvo conciencia de la necesidad de incluir esos detalles, pero faltó tiempo para definir las iniciativas con más profundidad y tornarlas operativas. Asimismo, en la etapa final del proceso de negociación se manifestó una tendencia a eliminar detalles de las iniciativas más extensas, a los efectos de que el documento final fuera homogéneo, y ello dio lugar a que se suprimieran detalles útiles sobre los responsables de su ejecución, en particular en el caso del capítulo sobre recursos hídricos y áreas costeras.
Otro factor limitante ha sido la escasez de recursos financieros para realizar las iniciativas. Durante la Cumbre de Bolivia se expresaron profundas diferencias de opinión al respecto, similares a las que se produjeron en otros foros de negociación, posteriores a la Conferencia de Rio, que aún no se han resuelto y que han impedido la puesta en marcha de algunas de las iniciativas.
La realidad es que el Plan de Acción incluye un número excesivo de iniciativas y que los recursos disponibles en el corto plazo no han sido suficientes para que se logren avances significativos. Una tarea primordial que deben realizar los gobiernos es clasificar las iniciativas por orden de prioridad y distribuir con acierto los recursos limitados de que se dispone. Eso es cierto especialmente al nivel interamericano, donde hay muy pocos fondos disponibles para respaldar acciones colectivas de los Estados miembros.
Muchos de los elementos que obstaculizaron las acciones tendientes a poner en práctica los acuerdos de la Cumbre de Rio, también se hicieron presentes en el caso de los acuerdos de Bolivia. En la Asamblea Especial de las Naciones Unidas (Río +5) se reconoció el poco progreso logrado a partir de la reunión de Río, pero las diferentes interpretaciones de algunos de los acuerdos fundamentales que se manifestaron en la Cumbre de la Tierra impidieron que se trazaran estrategias para superar los problemas de ejecución. Esta situación es motivo de preocupación, pero debería servir de aliciente a los países del hemisferio para aceptar el reto y resolver la situación a nivel regional.
Otro hecho que se ha erigido en barrera a la ejecución del Plan de Acción de Bolivia se sitúa en el plano nacional. Durante el proceso de negociación de las iniciativas, muchas de las instituciones que tenían jurisdicción sobre áreas pertinentes no participaron de la manera debida y, por lo tanto, no estaban cabalmente comprometidas a poner en práctica las iniciativas en cuestión. Esta es una situación que puede resolverse pero que requerirá una acción decisiva en las esferas más altas del gobierno. En el caso de las acciones hemisféricas encomendadas por la Cumbre, una estrategia que se ha comprobado es la de establecer puntos focales en los países y asegurarse de que las responsabilidades se hayan asignado de manera transparente. Es obviamente necesario proseguir con un diálogo sustantivo que reúna a todas las instituciones pertinentes.
Secretaría de Medio Ambiente