Como una expresión de las políticas de los países del Norte hacia el Sur, la iniciativa para las Américas o Plan Bush, se hizo pública el 27 de junio de 1990. Cubre tres áreas: comercio Inversión y deuda externa.
Para la primera, se plantea el libre comercio, incluyendo el compromiso estadounidense de rebajar los aranceles para exportaciones latinoamericanas. En el tema de inversión, EE.UU. se ofrece para formar un fondo de inversiones para América Latina y el Caribe, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la privatización. En relación a la deuda, postula una pequeña reducción de la deuda externa y la expansión escalonada de préstamos oficiales estadounidenses a los países que adopten los programas de ajuste estructural señalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). También se propone la creación de Fondos para el Medio Ambiente que sistematizarían el mecanismo de canje de deuda por naturaleza. Estos fondos serían administrados por un Consejo formado por ONGs, gobiernos locales y EEUU, intentado así controlar e integrar a las ONGs a la propuesta general de la Iniciativa Bush y disminuir, de ese modo, su capacidad crítica.
Esta iniciativa pretende el fortalecimiento del modelo de desarrollo vigente y la trasnacionalización de la economía con grandes consecuencias sociales y ambientales. Este proceso apunta también la desorganización de las luchas de las comunidades y condiciona fuertemente las posibilidades de los pueblos para trazar con autonomía su propio proyecto de desarrollo.
Rechazamos la Iniciativa para las Américas, los pagos de la deuda y los ajustes estructurales y nos comprometemos a promover una Iniciativa de los Pueblos de las Américas y modelos de desarrollo descentralizados a través de los siguientes compromisos: